Los políticos siguen dicutiendo entre ellos sobre los contenidos que se deben impartir en las escuelas pero no se plantean que el gran problema es Cómo y no Qué.
La buena educación según Wert
El modelo de la educación pública en España sigue siendo una asignatura pendiente
SUSANA FERNÁNDEZ Hace unos 20 años España sufría también una fuerte crisis económica y el PP de José María Aznar se alzó con el triunfo en las elecciones de 1996, precisamente un año bisiesto como este 2012. Tres grandes coincidencias que sin duda harán comprender a los 60.000 opositores del sector educativo (muchos menos según el ministro Wert) que los temarios para la convocatoria de dentro de cuatro meses vuelvan a ser los de 1993 y 1996. Qué más dará que en estas dos décadas la peseta se haya jubilado, la Unión Europea sea ya madre numerosísima, aunque con hijos díscolos, y la oveja Dolly, gran revolución científica de los 90, esté obsoleta desde que los millonarios ya clonan hasta a sus mascotas preferidas. Lo importante es que esos temarios sí que eran unos temarios «como Dios manda», como diría el propio Mariano Rajoy, y no los aprobados aprisa y corriendo el pasado noviembre. Aunque, por lo visto, los antiguos tampoco serán los temarios definitivos, sino que sólo estarán vigentes hasta que se elaboren otros de acuerdo a los criterios de selección del profesorado que el Gobierno quiere definir. Menos mal. Mientras, sólo se trata de imaginarse que hemos retrocedido veinte años…
Por el bien de los opositores y, sobre todo, de los futuros estudiantes a los que tendrán que formar, más vale que este escenario sea sólo una caricatura de la realidad. Realmente, según los preparadores de oposiciones, los contenidos no cambian en lo esencial, sino que lo que difiere principalmente es su presentación y estructura. Y lo lógico es que durante los años que llevan vigentes se hayan ido actualizando. Unos datos que convierten en más absurdo todavía el cambio realizado a tan poco tiempo de la celebración de las oposiciones y que parece más bien una reprimenda ante una convocatoria no deseada en determinadas comunidades autónomas. Una de ellas Andalucía, último feudo socialista pero probablemente por poco tiempo según indican las últimas encuestas. Aunque tal vez lo que más moleste, sobre todo, viniendo de un ministro de Educación, sean las formas y en definitiva, la educación con la que José Ignacio Wert ha respondido a las críticas. «Si yo fuera opositor, estaría dando saltos de alegría», ha afirmado. ¿Por qué? Pues según el ministro porque se ha recuperado un temario con el que se estaba trabajando desde hace años y no uno con el que los opositores «apenas llevaban unos días, y eso suponiendo que durante las vacaciones de Navidad también hubieran estudiado». Un argumento más que cuestionable y nada respetuoso con el que minimizar el efecto de una medida tomada unilateralmente. Sin ser ni haber sido nunca opositora puedo imaginarse las caras de los 60.000 aspirantes, 8.000 de ellos malagueños, ante la respuesta del titular de Educación. Tras la estupefacción inicial, ellos mismos expresaban en este periódico lo que sentían con términos como inseguridad, desconfianza o incertidumbre. Justo lo contrario a lo que necesitan el sistema educativo español y quienes se están formando actualmente o aquellos que han vuelto a las aulas ante la falta de una alternativa laboral.
El modelo de la educación pública en España sigue siendo una asignatura pendiente, una materia en la que ninguno de los gobiernos ha sobresalido hasta ahora. Y no precisamente por falta de reformas, aunque sí por exceso de las mismas y poco o ningún consenso. Tal vez en los manuales de los nuevos presidentes del Gobierno o ministros, el primer consejo debería ser que no todo lo anterior debe ser derogado de inmediato sin antes reflexionar, consensuar y pensar en más allá de los cuatro años de la legislatura.
Por el bien de los opositores y, sobre todo, de los futuros estudiantes a los que tendrán que formar, más vale que este escenario sea sólo una caricatura de la realidad. Realmente, según los preparadores de oposiciones, los contenidos no cambian en lo esencial, sino que lo que difiere principalmente es su presentación y estructura. Y lo lógico es que durante los años que llevan vigentes se hayan ido actualizando. Unos datos que convierten en más absurdo todavía el cambio realizado a tan poco tiempo de la celebración de las oposiciones y que parece más bien una reprimenda ante una convocatoria no deseada en determinadas comunidades autónomas. Una de ellas Andalucía, último feudo socialista pero probablemente por poco tiempo según indican las últimas encuestas. Aunque tal vez lo que más moleste, sobre todo, viniendo de un ministro de Educación, sean las formas y en definitiva, la educación con la que José Ignacio Wert ha respondido a las críticas. «Si yo fuera opositor, estaría dando saltos de alegría», ha afirmado. ¿Por qué? Pues según el ministro porque se ha recuperado un temario con el que se estaba trabajando desde hace años y no uno con el que los opositores «apenas llevaban unos días, y eso suponiendo que durante las vacaciones de Navidad también hubieran estudiado». Un argumento más que cuestionable y nada respetuoso con el que minimizar el efecto de una medida tomada unilateralmente. Sin ser ni haber sido nunca opositora puedo imaginarse las caras de los 60.000 aspirantes, 8.000 de ellos malagueños, ante la respuesta del titular de Educación. Tras la estupefacción inicial, ellos mismos expresaban en este periódico lo que sentían con términos como inseguridad, desconfianza o incertidumbre. Justo lo contrario a lo que necesitan el sistema educativo español y quienes se están formando actualmente o aquellos que han vuelto a las aulas ante la falta de una alternativa laboral.
El modelo de la educación pública en España sigue siendo una asignatura pendiente, una materia en la que ninguno de los gobiernos ha sobresalido hasta ahora. Y no precisamente por falta de reformas, aunque sí por exceso de las mismas y poco o ningún consenso. Tal vez en los manuales de los nuevos presidentes del Gobierno o ministros, el primer consejo debería ser que no todo lo anterior debe ser derogado de inmediato sin antes reflexionar, consensuar y pensar en más allá de los cuatro años de la legislatura.
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